PREMIOS PRIMAVERA 2022

Varias medidas presentadas en la Cámara de Representantes de Puerto Rico para restringir el derecho al aborto en la isla han sido rechazadas tras meses de controvertida discusión y para satisfacción de los grupos feministas. 

«La derrota de los cuatro proyectos de ley anti-aborto es un mensaje claro de que el aborto es y seguirá siendo un servicio de salud esencial, y que la evidencia científica y salubrista ganó por encima del estigma y las creencias sectarias», afirmó Frances Collazo, asesora de Abogacía y Acceso al Aborto de Profamilias.

Collazo destacó, en un comunicado difundido este jueves por Hispanic Federation y otras organizaciones, que esos proyectos de ley «implicaban un retroceso en los derechos constitucionales reproductivos de las mujeres y personas gestantes».

«Decidir sobre nuestros cuerpos es decidir sobre nuestro presente y nuestro futuro. De eso se trataba esta discusión y, afortunadamente, las organizaciones y profesionales deponentes lograron transmitir el mensaje correcto», afirmó por su parte Amárilis Pagán, directora ejecutiva del Proyecto Matria. 

Las medidas en discusión eran los proyectos de la Cámara 1084, que buscaba crear la Ley del Latido Cardiaco del No Nacido; 1410, para realizar un referéndum sobre el aborto; y 715, que creaba la Ley Keishla Marlen y enmendaba el Código Penal para tipificar como asesinato en primer grado la muerte de una embarazada y del feto.

También se trató en estas vistas públicas, que comenzaron en agosto pasado, el Proyecto del Senado 693, el que más repercusión tuvo en su momento y que limitaba el derecho al aborto después de las 22 semanas.

La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes rindió esta semana informes negativos sobre estos cuatro proyectos de ley que proponían restringir o prohibir el derecho al aborto y los integrantes de la Comisión votaron mayoritariamente a favor de esos informes.

«La votación confirmó que ninguna de las medidas provee mayores protecciones que las garantías constitucionales reconocidas por nuestro estado de derecho», aseguró tras la votación el presidente de la Cámara, Rafael «Tatito» Hernández Montañez. 

«Cumplimos nuestro compromiso de liderar un proceso de vistas públicas amplio, inclusivo y participativo, en el que escuchamos a todos los sectores, y el resultado final de este esfuerzo es uno que honra el derecho constitucional a la dignidad humana y la intimidad, según dispuesto en nuestra Carta Magna», puntualizó.  

En Puerto Rico, existe el derecho al aborto desde 1902 y el caso «Pueblo contra Duarte Mendoza», resuelto en 1980, lo ató directamente con el derecho constitucional a la intimidad. 

Durante el proceso de vistas públicas, los departamentos de Justicia y de Salud, la Procuradora de las Mujeres, los Colegios de Médicos y Abogados de Puerto Rico, y numerosas organizaciones defendieron que el acceso al aborto es un servicio de salud esencial y un derecho humano y constitucional.

La discusión, fomentada por los grupos pro vida de la isla, comenzó después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara el pasado 24 de junio la histórica sentencia conocida como «Roe contra Wade», que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto en el país.

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